La Unidad de Procesos Populares de Bogotá manifiesta a la opinión pública, especialmente a los sectores populares que habitan el territorio bogotano, que la actual decisión tomada de forma arbitraria y antidemocrática por la Procuraduría General de la Nación en cabeza del poco notable y retardatario Alejandro Ordóñez es una muestra evidente de la estrechez política que se vive en Colombia y de que no existen garantías para el ejercicio de las aspiraciones de quienes se atreven a cuestionar la mezquindad del actual sistema político y del modelo económico.
Este tipo de arbitrariedades es tan solo un ejemplo de que al Estado colombiano no le interesa en lo más mínimo que la estructura política corrupta y amañada del país se discuta ni con la insurgencia, ni con gobiernos alternativos, ni mucho menos con el pueblo colombiano.
La destitución e inhabilitación política de Gustavo Petro es ejemplo de todas las formas de violencia ejercida por el Estado, así como lo han hecho con el defensor de derechos humanos David Rabelo, condenado injustamente; la privación de la libertad del líder agrario Húbert Ballesteros; la destitución acomodada de Piedad Córdoba; o los asesinatos y encarcelamientos con montajes judiciales a los campesinos del Catatumbo y del país en general.
Aunque al interior de la Unidad de Procesos Populares no nos adherimos totalmente a la propuesta política del alcalde Petro, no podemos hacer la vista gorda con la importante labor que realizó en la defensa de los derechos humanos y la juiciosa tarea en la denuncia de los nexos entre el paramilitarismo y la tradicional clase política colombiana. Es por ello que rechazamos tajantemente esta decisión.
De esta manera llamamos a la unidad de las organizaciones populares en Bogotá, y convocamos a la realización de una o varias constituyentes que por fin les den la palabra y el poder a los estudiantes, los trabajadores informales, campesinos, madres comunitarias, viviendistas, artistas y, en general, al pueblo bogotano.
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