sábado, 15 de febrero de 2014

Pa´ que democracia si no hay casa: Sobre el derecho a la vivienda digna en la ciudad.

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Escribió Eduardo Galeano en su libro “Patas Arriba. La escuela del mundo al revés”:


                                                                     “Si Alicia volviera.
Hace ciento treinta años, después de visitar el país de  las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo: le bastaría con asomarse a la ventana”.

Le bastaría a Alicia, con asomarse a la ventana y observar su barrio, presenciar el desalojo a una familia, a sus vecinos, para ir comprendiendo cómo esta ciudad está patas arriba. Mientras se auxilia al banquero, al obrero se le desaloja de su vivienda, por ser víctima de un sistema que le obliga a endeudarse para acceder a sus derechos. Mientras las zonas centrales de la ciudad son entregadas a las élites locales e internacionales para el desarrollo de sus megaproyectos urbanísticos, los ciudadanos trabajadores son desplazados a zonas periféricas, donde habitarán en Viviendas de Interés Social, construidas generalmente en zonas de alto riesgo, y distantes de un real derecho a la ciudad.

Resulta lamentable que mientras se realizan diálogos en búsqueda de alternativas para la construcción de la paz en nuestro país, o se llena la Plaza de Bolívar para denunciar atentados contra la democracia en la ciudad, los barrios populares sean testigos de desalojos (o intentos de desalojo), donde se pretende despojar a familias trabajadoras de su vivienda, por parte de entidades financieras o prestamistas-estafadores, amparados por autoridades, por la Policía Nacional y otras instituciones. Eso es lo que han presenciado recientemente los vecinos y las vecinas de barrios como Gran Granada o Corinto, en Bogotá D.C.

El pasado 5 de diciembre, cinco familias del barrio Gran Granada, ubicado en la localidad de Engativá, fueron desalojadas de sus viviendas, en un operativo injusto e ilegal, donde a muy tempranas horas de la mañana, apenas los primeros rayos del Sol asomaban, policías, bomberos y autoridades sacaron una a una a las familias, sin el más mínimo respeto a su dignidad. Sin dimensionar las consecuencias que tiene este crimen para una familia. Sin tener en cuenta los posibles o reales delitos que hay de por medio en las estafas hipotecarias de la que son víctimas estas familias.

Asimismo, el pasado 18 de diciembre, en el barrio Corinto, ubicado en la localidad de Suba, de nuevo los estafadores, la policía con su tanqueta y sus agentes de la Fuerza Disponible, los bomberos con su moto-trozadora, funcionarios de la Inspección de Policía y otras instituciones, pretendían desalojar a una familia. ¿Por qué? Por no pagar sus deudas, dirán algunos insensatos. ¿Por qué? Por ser víctimas de estafadores hipotecarios y por resistirse a entregar su casa y su dignidad al cartel del remate existente en nuestra ciudad. El operativo desplegado ese día y la brutal arremetida contra quienes estaban en aquella casa, fue una clara muestra de cómo la paz y la democracia son pisoteadas y burladas en nuestros barrios.

Sin importar que en la casa habitan niños y una abuela de 82 años, los agentes de la Fuerza Disponible hicieron uso de gases lacrimógenos, gas pimienta y hasta con su tanqueta lanzaron fuertísimos chorros de agua contra la casa. Fue un episodio que hasta los canales de las élites económicas y políticas debieron registrar en sus noticieros, debido a la brutalidad policial cometida. Brutalidad a la que se opuso la defensa de la dignidad de la familia y de su casa, respaldada por vecinos, jóvenes y organizaciones que comienzan a encontrar en los desalojos una oportunidad para la unidad y la articulación de esfuerzos.

No fue desalojada ésta, mi familia, gracias a la acción colectiva, al registro por parte de medios alternativos de comunicación, a la solidaridad de organizaciones barriales, para quienes un desalojo es un atentado no sólo contra la dignidad de una familia, sino un atentado contra el derecho a la ciudad, un atentado contra la vida digna en nuestros territorios, un atentado contra la paz con justicia social, un atentado similar al despojo al que han sido sometidas las familias campesinas e indígenas en la ruralidad colombiana.

La vivienda digna se hace entonces un elemento clave en la lucha por el derecho a la ciudad, pues mientras se desalojan familias de sus viviendas, la ciudad se sigue ordenando y construyendo según los intereses de las élites financieras, políticas y económicas. Los territorios urbanos han sido ordenados para una ciudad volcada a un proyecto de clase específico, sin espacio para la vida digna de los habitantes de los barrios y sectores populares. En consecuencia, un desalojo es una oportunidad de resistencia y organización ante el agresivo proceso de urbanización capitalista que ha asaltado y asalta nuestras ciudades, nuestros territorios, nuestros barrios. Es además una oportunidad para evidenciar en nuestros barrios las contradicciones de la vida urbana y la necesidad de una amplia movilización y organización por el derecho a la ciudad, por el derecho a participar en la construcción colectiva de una ciudad donde podamos vivir en paz y con dignidad.
 
Lo anterior nos exige desbordar la mirada de las demandas particulares y acercarse a otras luchas para una demanda mayor: el combate al modelo dominante de producción y ordenamiento de nuestros territorios, tanto en la ciudad como en el campo. No es sólo la lucha por la vivienda digna, es también la lucha por la educación pública, por la salud, por la soberanía alimentaria, por la tierra, por la biodiversidad, por la paz. Y tal como lo expresó Lina Magalhães (http://derechoalaciudadflacso.wordpress.com/2014/01/30/el-rescate-del-derecho-a-la-ciudad-en-la-explosion-de-los-movimientos-sociales-urbanos/), la construcción de otra ciudad posible debe pasar inevitablemente por el cuestionamiento del propio sistema económico vigente y de las ideologías dominantes, si no las transformaciones quedarán en la superficie de las “reformas”. Por la casa, por la vivienda digna, por el derecho a la ciudad, por la unidad, debemos hacer de cada desalojo una oportunidad, una nueva jornada para resistir e ir haciendo del barrio, un escenario para la organización y la construcción de otra ciudad.


Escrito por: Antonio Torres, educador y amenazado de desalojo. 

VER: 18 de Diciembre, día del desalojo en el barrio corinto: https://www.youtube.com/watch?v=FXnwTLX7C_I 
VER: Palabras de la madre del profe Antonio:  https://www.youtube.com/watch?v=6wc1nxP1UPk

jueves, 13 de febrero de 2014

Más de 9.000 presos políticos y de guerra recluidos en las mazmorras penitenciarias de Colombia


Jornada de solidaridad con los más de 9.000 presos políticos y de guerra recluidos en las mazmorras penitenciarias de Colombia
“estoy en la cárcel por que hice algo necesario, cometí el delito de ser revolucionario”
-          Guadalupe salcedo, guerrillero liberal, asesinado por la junta militar de gobierno precedida por el general Gabriel parís gordillo, el 6 de junio de 1957, tres años después de haber firmado la paz con el gobierno militar de rojas pinilla.
-          Jaime Pardo leal, Candidato presidencial de la Unión patriótica, movimiento político nacido de los diálogos de la Uribe, Meta, entre el gobierno nacional precedido por Belisario Betancur Cuartas y la insurgencia de las Farc-Ep. Asesinado el 11 de octubre del año 1987 por el naciente paramilitarismo fascista, el cual asedia a Colombia amparado por las instituciones estatales hasta la fecha.
-          David Ravelo Crespo,  economista, defensor de derechos humanos y miembro fundador de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)  Barrancabermeja, detenido el 14 de septiembre del 2010 hacia las 3 de la tarde en la ciudad de Barrancabermeja por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI).
-          Huber Ballesteros, vicepresidente del sindicato agrario fensuagro, directivo de la CUT y miembro dela dirección nacional de marcha patriótica,  capturado por elementos del CTI, policía judicial de la Fiscalía, el día 26 de agosto del 2013.
Estos son algunos ejemplos de la histórica persecución del estado Colombiano a los activistas, políticos y defensores de derechos humanos en Colombia, lo cual demuestra la decadente democracia en la que nos encontramos.
Son más de 200 años de historia, en la que el sistema penitenciario ha recluido a grandes hombres y mujeres, que inconformes con las políticas estatales, lanzan su voz de rebeldía y dignidad, que no es más que la voz que se enarbolan en las banderas de la justa lucha de los pueblos, por alcanzar en plenitud la vida digna y la justicia social.
Antonio Nariño, Policarpa Salabarrieta, José Antonio Galán, Jorge Eliecer Gaitán, Liliani  Obando, Miguel Angel Beltran y hoy nuestro compañero Huber Ballesteros, entre otros. Son de esos grandes hombres a los cuales les ha tocado vivir el desdén de la prisión y la violencia política, reflejada en la persecución, el encarcelamiento y el asesinato por parte de las fuerzas estatales y para estatales, las cuales históricamente han desarrollado en el marco de su doctrina de seguridad nacional,  la guerra sucia y psicológica con la cual piensan eliminar tanto en lo ideológico, como en lo militar, al mal llamado enemigo interno; enemigo en el que nos hemos convertido nosotros los estudiantes, nuestros vecinos los obreros y los abuelos campesinos.
Es el pueblo pues, señor Juan  Manuel Santos su enemigo interno;  la guerra anti popular de los últimos 10 años es muestra del miedo que la oligarquía le tiene al pueblo organizado, de lo que significamos cuando nos movilizamos en pro de la paz y la justicia social.
Es por esto que hoy más de 9.000 presos, de encuentran recluidos en las hacinadas y degradantes prisiones colombianas, muchos de ellos aún sin ser  juzgados y recluidos allí, por soñar con una Colombia al alcance de los sueños del pueblo colombiano; padeciendo además condenas abruptas que no son más que formas estratégicas del estado para desmoralizar a nuestros compañeros, pero que nosotros como ellos sabemos de antemano, que la moral va a estar siempre en alto, porque nuestra consigna es la humanidad, la justicia, la paz y la dignidad.
 Y es que ni sufriendo las degradantes condiciones por las cuales pasan nuestros presos vamos a dejar de insistir en que el estado Colombiano debe ser transformado de forma radical; poniendo este a los pies de los más, de los empobrecidos y vilipendiados, que ya han empezado a escribir su propia historia.
Ejemplo de ello es, la heroica lucha de los campesinos colombianos por las Zonas de Reserva Campesina, la inclaudicable voluntad de los sindicatos obreros por la fábrica sin patrón y la monumental movilización estudiantil que a través de los años se fortalece.
Reflejo de esto, fue la gran movilización popular y agraria en el pasado mes de agosto, una vez más temblaron los cimientos de este sistema injusto y en crisis; del cual el pueblo colombiano está cansado y que mediante su organización nacional reflejada en MIA, dio a entender que el pueblo continua avanzando hacia la construcción de los nuevos destinos de nuestra patria.
Un fraterno abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras presos, desde la Universidad Pedagógica Nacional.
“No estamos todos, Faltan los presos”
Campaña yo te nombro libertad!

viernes, 13 de diciembre de 2013

“Esa tal democracia en Colombia no existe”

La Unidad de Procesos Populares de Bogotá manifiesta a la opinión pública, especialmente a los sectores populares que habitan el territorio bogotano, que la actual decisión tomada de forma arbitraria y antidemocrática por la Procuraduría General de la Nación en cabeza del poco notable y retardatario Alejandro Ordóñez es una muestra evidente de la estrechez política que se vive en Colombia y de que no existen garantías para el ejercicio de las aspiraciones de quienes se atreven a cuestionar la mezquindad del actual sistema político y del modelo económico.
Este tipo de arbitrariedades es tan solo un ejemplo de que al Estado colombiano no le interesa en lo más mínimo que la estructura política corrupta y amañada del país se discuta ni con la insurgencia, ni con gobiernos alternativos, ni mucho menos con el pueblo colombiano.
La destitución e inhabilitación política de Gustavo Petro es ejemplo de todas las formas de violencia ejercida por el Estado, así como lo han hecho con el defensor de derechos humanos David Rabelo, condenado injustamente; la privación de la libertad del líder agrario Húbert Ballesteros; la destitución acomodada de Piedad Córdoba; o los asesinatos y encarcelamientos con montajes judiciales a los campesinos del Catatumbo y del país en general.
Aunque al interior de la Unidad de Procesos Populares no nos adherimos totalmente a la propuesta política del alcalde Petro, no podemos hacer la vista gorda con la importante labor que realizó en la defensa de los derechos humanos y la juiciosa tarea en la denuncia de los nexos entre el paramilitarismo y la tradicional clase política colombiana. Es por ello que rechazamos tajantemente esta decisión.
De esta manera llamamos a la unidad de las organizaciones populares en Bogotá, y convocamos a la realización de una o varias constituyentes que por fin les den la palabra y el poder a los estudiantes, los trabajadores informales, campesinos, madres comunitarias, viviendistas, artistas y, en general, al pueblo bogotano.

martes, 23 de julio de 2013

Un breve esbozo de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y las Farc-ep


Marquetalia 27 de mayo de 1964.
16.000 hombres de las fuerzas militares se dirigen a la zona conocida por los campesinos tolimenses como Marquetalia, ubicada en el sur del Tolima y llamada a ser recuperada por el gobierno nacional, a sangre y fuego.
Esta ha sido reconocida  como la operación militar con más capacidad de fuerzas puestas en combate en la historia de Colombia, la operación Marquetalia, dirigida y coordinada con los agentes norteamericanos encargados de ejecutar en América latina el llamado plana LASO (Latin American Security Operation) e impulsados por algunos senadores conservadores como el reconocido, Álvaro Gómez Hurtado, el cual dirigiría la represión a los campos colombianos en los cuales según este, se encontraban las llamadas “Repúblicas independientes”.
De esta forma exigiendo al gobierno de Guillermo León Valencia (1962- 1966) también perteneciente al reaccionario partido conservador, que ordene desde la presidencia de la república, el ataque militar a las zonas de influencia independentistas y comunistas del país.
Generando así una  persecución constante del gobierno nacional a los campesinos organizados.  Lo cual visibilizaría las paupérrimas condiciones sociales en las que estos se encuentran y  llevarían a que después de esta fallida operación militar, se formaran en los campos, ciudades y montañas colombianas los primeros frentes guerrilleros de la  ya conocida guerrilla de las Farc (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia).
Es así como tras la formación  y conformación de distintas guerrillas colombianas y el avance del movimiento popular y social en Colombia, que al día de hoy podemos decir, que: el conflicto político, social y armado se ha venido agudizando, por lo tanto la lucha de clases     se ha desarrollado de tal manera que la guerra prolongada por la toma del poder, hoy nos anuncia los ya 50 años de la confrontación armada más prolongada por algún grupo guerrillero en la historia latinoamericana; demostrando que el conflicto en Colombia es vigente y aún mantiene en velo a las altas esferas del poder, que ya derrotadas moralmente intentan dialogar con los que por años han sido llamados y juzgados por ellos mismos, como “terroristas”.
En los avatares políticos y sociales de la historia de Colombia, encontramos múltiples pactos, llamados y acuerdos entre las fuerzas insurgentes y el gobierno Colombiano, los cuales nos muestran las inmensas esperanzas de paz que se han tenido a lo largo de la historia de Colombia.
Pero esta paz no ha sido posible y los múltiples intentos por conseguirla han dejado al país cubierto de sangre nueva, que soñó la democracia plena y garantizada para los hoy cuarenta y dos millones de colombianos; esta lucha intensa por una cantidad masiva de personas anegables que dejaron su vida por ver a Colombia caminar por otros rumbos,  nos deja un sinfín de ejemplos, los cuales debemos estudiar y recordar para no cometerlos como lo hicimos en el ayer.
Hoy en Colombia sabemos que la democracia debe ser exigida desde la movilización social y que la participación popular en los procesos políticos, sociales y de dialogo, debe ser un imperativo para la conciliación entre dos sectores históricamente enfrentados.
Así es que nos remitimos  veintinueve años atrás en nuestra historia, en donde encontraremos la primera acción contundente de paz, puesta en la mesa por la insurgencia de las Farc.
“Las FARC-EP ordenarán el cese al fuego y demás operativos militares a todos sus frentes en el país, a partir del día 28 de mayo de 1984 a las 00:00 horas, fecha que podrá posponerse, como máximo, hasta por dos meses, si fuere necesario. La orden de que antes se habla se mantendrá indefinidamente si el señor Presidente de la República, doctor Belisario Betancur, corresponde a este gesto efectivo de paz con una orden semejante suya, dada a todas las autoridades civiles y militares bajo su jurisdicción, en la oportunidad debida”.[1]
Este primer intento de paz, ejecutado con el gobierno en curso de Belisario Betancur Cuartas (1982- 1986), el cual en su campaña electoral habría prometido pacificar al país a tal punto de no derramar una sola gota de sangre en su mandato, inicia su presidencia con intentos acelerados de acuerdos con las diferentes guerrillas del país, entre las cuales se destacan: Los acuerdos de la Uribe, Meta con las Farc, Los acuerdos de Corinto, Cauca con el M-19 y los acuerdos de Medellín, Antioquia firmados con el Epl.
Y a su vez por las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, que a partir de estos acuerdos conformaría su primera fuerza política legal, dándole vida en el año de 1985, a la tan aclamada en la actualidad Unión Patriótica, este un partido pluralista, democrático y patriótico, que demostraría a su vez la fuerza que política que tenía para la época la izquierda colombiana y la capacidad de movilización popular que las Farc-Ep mantenían en el territorio nacional.
Demostrando así que otro camino era posible y que la lucha por la democracia que proponían las fuerzas políticas de la insurgencia podrían funcionar.
Pero la arremetida fascista no se haría esperar, y el contraataque violento contra los líderes de la unión patriótica se aproximaba, galopando con sus balas y motosierras inhumanas, que asesinaron vilmente a 3.000 de sus militantes, e instaurando de esta forma el miedo como escudo protector de la barbarie cometida, esta fue y será una época negra que no olvidaremos los patriotas colombianos, los hijos de la historia.
Así es como fueron asesinadas cuarenta personas en Segovia, Antioquia (1988), Jaime Pardo Leal, candidato presidencial para las elecciones de 1986 (reemplazando a Jacobo Arenas), José Antequera Antequera, Manuel Cepeda Vargas, Bernardo Jaramillo Ossa, segundo candidato de la UP para las elecciones de 1990, entere muchos y muchas que murieron en las manos de las fuerzas oscuras del estado (el Paramilitarismo).
De esta forma una vez más el estado colombiano, demostraba al igual que el 6 de junio de 1957 con el asesinato de Guadalupe Salcedo, que la lucha por la democracia en Colombia solo se podía dar al son del fusil, es así que hoy no podemos juzgar a esos hombres y mujeres que caminan los montes nocturnamente. Pues la guerrilla también llora sus muertos y lucha por su memoria; es por esto que en estos actuales diálogos de paz que se desarrollan en la Habana Cuba, no permitiremos que se nos aleje del proceso.
A sabiendas que es con el acompañamiento popular, que garantizaremos que estos diálogos no sean la continuación de más derramamiento de sangre, de hombres y mujeres con voluntad de cambio. 
San Vicente del Caguan, 14 de octubre de 1998
Llegan las vísperas del siglo XXI y la guerrilla más vieja del continente, decide nuevamente aceptar los acercamientos con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998- 2002).
Tras unos acuerdos  para iniciar el proceso de dialogo, reconciliación y reconstrucción nacional, el gobierno y la insurgencia pactan despejar un territorio el cual será en extensión semejante a suiza; así que es san Vicente del Caguan el territorio escogido para iniciar las conversaciones, las cuales tendrían unos matices políticos y estratégicos que pondrían nuevamente en jaque al movimiento guerrillero y popular en el país.
Pues mientras se intentaba negociar con el gobierno de Andrés Pastrana, que haría de la propaganda mediática de los medios de comunicación,  su arma letal para deslegitimar el proceso, este organizaba con los Estados Unidos un plan desestabilizador y anti democrático como diría Pardo leal, que traería muerte y miseria al territorio nacional, este plan lo conoceríamos más tarde como Plan Colombia.
El cual iniciaría como un apoyo económico de los Estados Unidos a Colombia en la guerra contra el “narcotráfico”, pero que en realidad sería un plan gestado en el marco de la aún vigente doctrina de seguridad nacional, que permitiría traer al territorio nacional agentes norte americanos que entrenarían al ejército colombiano, para dar fin a la lucha anti insurgente que se desarrolló con intensidad en las décadas del 70’ y el 80’ en América latina, lucha que al inicio del nuevo siglo se mantenía y se mantiene en Colombia.
Así es que la seguridad en San Vicente del Caguan, territorio manejado por la guerrilla, empieza a ser riesgoso para la vida e integridad de los negociadores de las Farc, lo que generaría en el lanzamiento de los diálogos el 7 de enero de 1999, lo que llamaran posteriormente la silla vacía, pues el comandante en jefe de las Farc, Manuel Marulanda Veles, no se presentaría debido a las escasas medidas de seguridad con las que se contaban en ese momento, impidiendo que su participación se diera aquel día.
Nuevamente la incomprensión de los medios saldría a flote y la opinión publica repudiaría aquel acto, lo cual pondría en su inicio las primeras trabas para las posibles negociaciones de paz entre los dos actores históricamente confrontados.
El Caguan, no es más que una  estrategia del gobierno nacional para re armarse y como lo dijimos anteriormente poner en jaque  a la insurgencia colombiana, que en los caminos del conflicto hace cambios drásticos militarmente para mantenerse en pie y no claudicar en su lucha que es ya histórica.
Y la cual no podremos deslegitimar, pues es y será la respuesta a las condiciones de pobreza miseria y desigualdad en las que históricamente Colombia se ha visto sumergida.
Nuevamente Colombia se encuentra en dialogo, son los recuerdos de Marquetalia, la Uribe y el Caguan, los que afloran nuevamente en el debate nacional, por ello nosotros no podemos ser inferiores a nuestro momento histórico y respondemos a la historia de Colombia con este breve articulo expositivo, que muestra el como vemos en lo político y en lo histórico el conflicto político, social y armado, que se prolonga en nuestra patria, así demostrando que la existencia de este es vigente. Y que es solo como lo demostramos el 9 de Abril del presente año, que podremos dar solución a este arduo conflicto, es en la movilización popular y en la participación política, que Colombia entenderá que las causas generativas de este conflicto aún son vigentes.
"nos proponemos cambios. Si esos cambios se van dando pues van perdiendo vigencia las armas. Porque las armas han tenido una vigencia, en un determinado momento, Como han venido siendo en este periodo, porque se han negado todos aquellos derechos a la reforma. Si se hubieran hecho reformas, seguramente las armas no tendrían  vigencia"




[1] Punto número uno (1), de los llamados acuerdos de la Uribe, Meta, firmados por el secretariado de las Farc y el gobierno nacional.

El papel contra hegemónico de la cultura popular

La cultura popular en el proceso revolucionario mundial, ha tenido un papel fundamental dado a que es un arma ideológica de construcción colectiva que permite afianzar las relaciones raizales con las masas trabajadoras, tanto de la urbe como del campo.
Así generando procesos organizativos que permiten identificar los problemas neurálgicos del conflicto histórico, con el que aquellas comunidades han tenido que enfrentarse; y permitiéndose de esta forma analizar históricamente cuales han sido esas matices políticas, económicas, sociales y culturales,  que han generado esta pugna entre clases  (la lucha de clases).
Entendiendo que es esta lucha de clases, la principal forjadora  y constructora de dichos aparatos ideológicos, que intervienen la cultura popular y la ponen al servicio del capital,  haciendo de esta, el folklore pagado por la burguesía nacional  y extranjera que convierten en valor de cambio, la forma histórica de relacionarse de los “raizales de nuestro territorio”[1].
Es así como la cultura  hegemonizada por estas fuerzas dominantes, pasa a ser un  elemento de “estas culturas reaccionarias que sirven al imperialismo y a la clase feudal, y deben ser barridas. De otro modo, no será posible construir ninguna nueva cultura. Sin destrucción, no hay construcción; sin contención, no hay flujo; sin reposo, no hay movimiento. La lucha entre la nueva cultura y las culturas reaccionarias es una lucha a muerte”[2]
Por ello consideramos fundamental, lo contra hegemónico en nuestros procesos sociales, pues estos son esa contención y ese reposo que generan movimiento, movimiento popular, el cual es el órgano que mediante las luchas constantes por la conquista de una nueva democracia, permite el reconocimiento de esa tradición cultural aborigen y campesina, que ha sido degradada por esa cultura del consumo capitalista.
Y es que es, mediante su rescate que nuevamente será puesta a los pies de sus creadores, las clases populares y  trabajadoras de nuestro país, haciendo de este elemento un elemento nuestro, que permita generar otras maneras de pensar el mundo y construirlo.
Demostrando de esta forma, que esta lucha a muerte no es solamente una lucha enmarcada en lo ideológico (súper estructural), si no que va más a ya de un somero cambio de la percepción de la cultura como identidad de los pueblos, por el contrario esta transformación permite así mismo de forma dialéctica, que se desarrolle la lucha histórica por el poder de los desposeídos y empobrecidos del mundo, generando así la transformación de la estructura social impuesta por los determinantes históricos del capitalismo.



[1] Para Orlando Fals Borda, Colombia se ha caracterizado históricamente por contar  con cuatro grupos originarios (raizales) en la composición histórica de sus relaciones sociales y culturales, entre los que encontramos: Indígenas, Campesinos colonos, Artesanos y Afros.
[2] Obras escogidas de Mao Tse-Tung, Tomo II, Sobre la nueva democracia, pag 384, cultura de la nueva democracia.

La Unidad de Procesos Populares de Bogotá se solidariza con la lucha del campesinado en el Catatumbo

Unidad de procesos populares de Bogotá / Lunes 17 de junio de 2013

La actual situación de tensión y protesta social que vive el Catatumbo no es más que el resultado del olvido sistemático que el Estado colombiano ha perpetuado sobre él; la destrucción de la economía campesina, la no garantía de derechos como la salud y educación, la imposibilidad de acceder a servicios públicos dignos, la persecución, estigmatización y señalamiento permanente de parte de las fuerzas represivas del Estado, hacen que su vida, la de miles de campesinos y campesinas, sea insoportable, llevándolos a tomar las vías de hecho y manifestarse para que las administraciones locales, regionales y nacionales se pronuncien sobre estas injusticias sociales.
La barbarie desatada por el paramilitarismo y el terrorismo de Estado desde 1999 dejó marcada en la conciencia de muchos el silencio y el miedo como forma de vida: líderes comunales, campesinos, indígenas, estudiantes y hombres de a pie, fueron presa de la infamia de quienes detentan el poder.
El descubrimiento de valiosos bienes naturales ha atraído múltiples corporaciones trasnacionales, quienes buscan saquear de manera depredadora e indiscriminada la región, generando la degeneración de los ecosistemas, la pérdida de estos bienes y la alteración misma de la vida de los habitantes que son producto mismo de esa naturaleza instrumentalizada para fines egoístas y particulares.
La erradicación de manera forzada y no concertada de los cultivos de uso ilícito lo único que genera es el traslado de estos a otras zonas creando más deforestación y simplemente no ataca las raíces del problema del narcotráfico; las inexistentes vías de penetración y acceso a la región, la falta de puentes para la comunicación veredal, añadido la extranjerización de la tierra, la creación de políticas de agro industria, que solo agudizan la producción del monocultivo y el latifundio, donde las saberes y la cultura campesina se ve sometida al olvido. El desplazamiento forzado como estrategia y consecuencia de quienes se benefician por los vejámenes de la guerra, generando pueblos fantasmas, desarraigo territorial y retornos que solo están sujetos a la voluntad de la población sin garantías de no repetición y reparación integral frente al conflicto social y armado.
Todo esto articulado a propósitos de orden institucional que pretenden el orden de la vida y la dominación territorial: planes minero energéticos, planes militares y de consolidación, que claramente no han sido consultados para su construcción e implementación en la zona con los habitantes, cada uno de estos, afecta, niega y maneja a su antojo a la comunidad del Catatumbo.
Los catatumberos y catatumberas no pretenden ser una comunidad minera, su presente, pasado y futuro, aunque negado, es el de ser campesinos, igualmente tienen fuertes miedos, recelos y desconfianzas frente a la incursión de la fuerza militar colombiana y extranjera debido al proceso histórico que han tenido en la zona, su deseo siempre ha sido el de permanecer en el territorio y desarrollarse en él de manera soberana y autónoma.
Es por todo lo anterior que los campesinos, campesinas e indígenas se han organizado en la Asociación Campesina del Catatumbo y desde allí han generado propuestas alternativas que responden de manera integral a sus necesidades y peticiones más reales; el Campamento de Refugio Humanitario “Territorio De Paz”, La Mesa de Interlocución y Acuerdo – MIA, la Zona De Reserva Campesina, El Plan de Desarrollo Alternativo, propuestas que han sido construidas desde y con las bases de la comunidad.
Es por esto que la Unidad de Procesos Populares de Bogotá y los colectivos a su interior quienes hemos acompañado y hemos sido parte del proceso que llevan los campesinos del Cataumbo, levanta su voz de rechazo y repudio ante los sucesos de los últimos días en donde se ha vuelto a violentar de manera criminal y sistemática a la población que se moviliza en las vías de la región en el municipio de Tibú por la exigencia de respuestas claras ante las peticiones que reiteradamente se le han hecho al estado colombiano.

EXPRESAMOS ante la opinión pública:
1. Que la comunidad del Catatumbo tiene toda la legitimidad y derecho para exigir que le sean resueltos sus problemas estructurales de carácter económico, social y cultural que llevan más de 70 años sin ser resueltos
2. Que históricamente las respuestas del Estado colombiano para cambiar la situación de vida de los pobladores de esta región, han sido escasas e inútiles y solo han estado enmarcados en violencia para estatal y agudización de las condiciones precarias de vida atreves del silenciamiento y el olvido.
3. Que los problemas que afectan a el campo colombiano tienen repercusiones en las ciudades, en especial a lo referente a la soberanía alimentaria
EXIGIMOS ante el estado colombiano:
1. Que se den Soluciones reales integrales para la reparación y no repetición de las víctimas del conflicto armado y social por parte del estado colombiano como único agente responsable de esta guerra de más de 70 años.
2. Que cese la estigmatización que se hace del movimiento campesino en declaraciones de prensa pronunciados por integrantes de las fuerzas armadas del país.
3. Que se finalicen las erradicaciones de cultivos de uso ilícito de manera forzada y no concertada con la población.
 4. Que se detengan todo tipo de proyectos: mineros, militares y de consolidación para el Catatumbo.
5. Que se apruebe inmediatamente la Zona De Reserva Campesina para el Catatumbo y su Plan de Desarrollo Alternativo.
6. Que se de inicio a las investigaciones necesarias de frente a las violaciones históricas a los derechos humanos y ambientales cometidos en la región.

Para nuestros compañeros: campesinos, campesinas e indígenas del Catatumbo,

La vida, porque los han matado, y como instrumento de su muerte, la sevicia la demagogia y la persecución y aun así, ustedes siguen escribiendo en la tierra colombiana historias de resistencia,

La vida, porque se han enfrentado de cara a sus enemigos, nunca se han desvanecido el amor por su libertad,

La vida, porque han utilizado siempre los escudos del amor, la organización y la lucha popular,

La vida, porque están en sus acciones no porque quieran, sino como respuesta a la misma acción del depredador que los a puesto allí,

La vida, porque es allí en su lucha y resistencia donde verán florecer y reflorecer al catatumbo atravesada por la gestación de la alegría definitiva,

La vida, porque en el catatumbo, se construyen y transforman los hombres y mujeres nuevas,


La vida, porque aun en medio de sus muertos, siguen heredando su rebeldía como ofrenda a quienes llevaran su legado, Vida, a la vida misma.